Podemos definir esta modalidad profesional como el resultado de una necesidad social provocada por los flujos migratorios de los siglos XX y XXI, que ha provocado la adaptación de la actividad de la traducción e interpretación al marco específico de los servicios públicos para facilitar la comunicación entre los usuarios de los servicios públicos (centros de salud, hospitales, ayuntamientos, servicios sociales, centros de ayuda al refugiado, centros penitenciarios, oficinas de turismo, policía…) y los profesionales que trabajan en estos centros (funcionarios, personal sanitario, agentes policiales, operadores telefónicos, psicólogos, trabajadores sociales…).